Saturday, April 20, 2013

Un nuevo ladrillazo para el litoral---Y LOS INFORMES AMBIENTALES SIN RECURSO

Un nuevo ladrillazo para el litoral | Sociedad | EL PAÍS

Un nuevo ladrillazo para el litoral

Los padres de la Ley de Costas ven en los últimos cambios del PP una oportunidad para edificar muchas zonas cercanas a la playa en las que actualmente está prohibido





Tres padres de la actual Ley de Costas, vigente desde 1988, ven en los cambios introducidos por el PP en esta norma una oportunidad clara para rellenar de cemento los pocos huecos que quedan en el litoral español. Los autores de la norma actual, creada durante un Gobierno socialista, advierten de que se está desprotegiendo una franja de 80 metros, casi la longitud mínima de un campo de fútbol, y que se abrirá la posibilidad de edificar muchos tramos de costa para usos residenciales que ahora no son edificables. Los guardianes de esta nueva oportunidad de negocio serán los Ayuntamientos, eso sí, con el control de las comunidades.
Las novedades se han colado de forma sibilina en la reforma de la Ley de Costas, denominada proyecto deLey de Protección y Uso Sostenible del Litoral. Tanto juristas como abogados inciden en que las enmiendas “esconden en cada palabra un juego” y dejan interrogantes por resolver sobre la puesta en práctica. Sin decirlo de forma expresa, la disposición transitoria primera reduce de 100 a 20 los metros de la zona de servidumbre de protección, en la que no puede edificarse. Actualmente, las viviendas levantadas en esta franja están sometidas a numerosos controles. Aunque estas construcciones son privadas, sus dueños prácticamente no pueden modificarlas.
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, no se atreve a estimar cuántas viviendas quedarán fuera de protección. “No hay cálculos, pero entre los 600 municipios costeros será un porcentaje no pequeño”, estima. La zona más beneficiada, según el ministerio, será Galicia.
La futura norma se debatirá y votará los días 23 y 24 de abril en el Senado. Sobre el papel, la desprotección afectará a construcciones levantadas antes de 1988 y que no fueron legalizadas porque no cumplían con todas las exigencias para considerarlas suelo urbano, como gozar de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica. “Ahora basta con acreditar que en 1998 había edificaciones en al menos un tercio de la superficie a considerar”, explica Ángel Menéndez Rexach, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de la Autónoma de Madrid. El profesor, autor de la Ley de Costas de 1988 y toda una autoridad en este asunto, subraya que este criterio es “mucho más permisivo” que el de la legislación urbanística autonómica, que exige la consolidación de la edificación en 2/3 de la superficie (en algún caso ½) para que el suelo se pueda considerar urbano.

“El legislador está abriendo la mano de forma tácita a una clasificación de suelo encubierta”, deduce Miriam García, autora de numerosos trabajos de planeamiento territorial como directora de Urbanismo del Gobierno de Cantabria entre 2002 y 2007. Esta arquitecta critica que la Ley de Costas, que supuestamente debe preservar el litoral, establezca un sistema de silencio positivo, es decir, que quienes quieran regularizar su situación solicitan los informes a Medio Ambiente y si en 18 meses no reciben informe se entiende que es favorable. “Lo que dicta el sentido común es que el silencio sea negativo”, contempla.
El Ministerio de Medio Ambiente defiende que esas casas solo podrán hacer reformas y no obra nueva. También que la fotografía se detendrá en 1988, por lo que no se regularizarán aquellas que estén en situación similar y se hayan construido después de esta fecha. Pero quien tendrá las competencias sobre lo que ocurra en esos lugares cuando se apruebe la reforma vuelven a ser los Ayuntamientos. La historia se repite. “Un Ayuntamiento puede chapucear muchísimo (...), a ver quién es el alcalde que se atreve a negar certificados de que las construcciones contaban con todos los servicios en 1988”, considera Rita Rodríguez, abogada de la ONG WWF.

“Va a ser muy difícil distinguir ahora entre unas y otras y calcular con precisión si las condiciones establecidas se verificaban realmente en aquella fecha”, aporta José Fernández, director general de Costas en la etapa de la ministra Cristina Narbona (PSOE). “Visto el comportamiento de las Administraciones territoriales durante los últimos 25 años, de enorme tolerancia con las infracciones de la Ley de Costas, concretamente en la gestión de la zona de protección, es fácil prever cuál va a ser el resultado”, vaticina.
“Es de esperar que la Administración de Costas no será demasiado exigente con la certificación de que los terrenos tenían todos los servicios hace 25 años”, añade Fernando Palao, otro de los autores de la norma vigente. “No solo se les legaliza, sino que se premia a quienes han corrido más en el desarrollo de estas urbanizaciones ilegales”, subraya. El también exsecretario de Estado con el PSOE, entiende asimismo que en los 80 metros que quedarán fuera de la zona de servidumbre se podrá además edificar, “de acuerdo con los planes urbanísticos municipales, y sin que les sea aplicable la legislación de Costas”.

Fernando Prieto, doctor en Ecología por la
 Universidad Autónoma de Madrid y también autor de la norma de 1988, vaticina más “caos” para el litoral español. “Todos los catedráticos están indignados”, afirma el abogado medioambientalista Manuel Marraco. “El Gobierno tiene el síndrome del que se mete a contramano en una autopista, piensa con horror que todos los demás están locos”, añade.Medio Ambiente estima que hay unas 250.000 construcciones con problemas legales en la costa española. En este cálculo se incluyen las viviendas consideradas ilegales porque contravienen planeamientos urbanísticos, las que ocupan zonas de servidumbre y las que invaden dominio público.


Los informes ambientales no se podrán recurrir en los tribunales

El Gobierno retrasa las reclamaciones hasta que las empresas presenten sus proyectos





Los informes que den el visto bueno ambiental a proyectos como una autopista, una central nuclear o un parque temático no serán recurribles en los juzgados cuando entre en vigor la nueva Ley de evaluación ambiental. El anteproyecto de esta norma, que el Gobierno del PP estudió ayer en el Consejo de Ministros, retrasa las reclamaciones medioambientales para cuando las empresas presenten oficialmente sus proyectos.

“Estos informes ya eran irrecurribles en la práctica”, matiza una fuente del ministerio de Medioambiente. “La idea es que el ciudadano no se meta en un proceso inútil, porque ya hay sentencias que lo contemplaban. Ahora se ha puesto por escrito”, añade.

El Gobierno también se reserva la potestad de aprobar proyectos por ley, por lo que solo se podrán recurrir ante el Tribunal Constitucional. Esta vía está vedada para las ONG, ya que no están legitimadas. “Se va a empobrecer la defensa del medioambiente porque los afectados no suelen tener recursos para hacerlo”, subraya Rita Rodríguez, abogada de la ONG WWF.

Con la nueva normativa, los informes medioambientales sobre los planes o proyectos no estarán en manos de las administraciones, sino de los promotores, por lo que su acceso estará más restringido para terceros.

El ministro responsable, Miguel Arias Cañete, aseguró ayer, tras el Consejo de Ministros, que se han propuesto solucionar los 10.000 expedientes que esperan resolución. Dichos informes están paralizando proyectos que podrían generar 80.000 empleos y 1.000 millones de euros, según cálculos de su ministerio, que también cifra en tres años y cuatro meses el tiempo medio en el que se resuelven estos trámites. El anteproyecto de ley se fija un objetivo de cuatro meses.

Arias Cañete se ha propuesto sacar adelante 10.000 expedientes que esperan resolución
“Cuando hay voluntad y se trabaja los temas se resuelven”, zanjó Arias Cañete, que presumió de haber solucionado el problema de la Refinería Balboa (Badajoz). “Llevaba siete años pendiente y se resolvió en tres meses”, explicó. Los técnicos de Medio Ambiente rechazaron el proyecto porque atentaba contra la zona marítima del espacio natural del Parque de Doñana.

El ministro Arias Cañete también subrayó que el fracking, técnica para extraer gas no convencional mediante fracturación hidráulica, se someterá a los procedimientos de evaluación ordinarios, y que el silencio de los órganos ambientales no se considerará favorable “como máxima garantía ambiental”.

“Se aplican las reglas de la oferta y la demanda a la biodiversidad”, critican en Ecologistas en Acción
Ángel Cámara, decano del Colegio de Ingenieros de Minas, ve en esta alusión al fracking “un guiño” a la preocupación social que despierta esta novedosa técnica. “Si el tema sigue candente se hará algo más específico”, aventura el catedrático.

Otra de las nuevas figuras que se incluyen son los bancos de conservación de la naturaleza, un nuevo instrumento que permitirá compensar, reparar o restaurar daños naturales de los proyectos. La fórmula, ya implantada en EE UU, despierta recelos. Francisco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción, lo ve como un tragadero para sacar adelante proyectos muy dañinos. “Se aplican las reglas de la oferta y la demanda a algo que no es lógico someter a esos dictados: la biodiversidad”, contempla. “Hay que tener controlado todo este proceso del que apenas sabemos todavía, porque algo que puede ser beneficioso puede convertirse en perverso”, opinan desde SEO.

Friday, April 19, 2013

El 20% de las viviendas de Ferrol están deshabitadas

El 20% de las viviendas de Ferrol están deshabitadas




ESTO ES LO QUE CLAMA LA CIELO DESDE HACE AÑOS, CENTROS DE CIUDAD ABANDONADOS, EXPULSADOS LOS HABITANTES A LA PERIFERIA, LOS JÓVENES, ETC, Y LAS BARRIADAS DESPOBLADAS POR UNA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS ABSURDA TOTALMENTE.
LA MARAVILLOSA INICIATIVA PRIVADA HACIENDO DE SU CAPA UN SAYO, HACIENDO UNA DESTRUCCIÓN SISTEMÁTICA DEL HABITAT, Y SIN QUE ELLO TENGA FRENO EN ESTE PRESENTE INFAME.
Una de cada cinco viviendas de Ferrol está vacía. Más de 8.300 casas y pisos del municipio carecen de ocupación según el último recuento del Instituto Nacional de Estadística (INE), que ayer hizo público el nuevo censo sobre vivienda que elabora cada década. El recuento global en el año 2011 incluye todos los supuestos: desde los hogares que están a la venta o en alquiler a los que no son habitables por su mal estado. Y, en términos absolutos, supone un incremento de 800 viviendas con respecto al anterior balance, el del 2001, cuando ascendía a unas 7.500.
Aunque supone un incremento del 10,5% respecto a diez años atrás, el porcentaje de vivienda vacía respecto al total se mantiene en un 19%. Porque si bien han aumentado los pisos vacíos, también lo ha hecho el número total de viviendas: de 39.171 a 42.082. Y eso pese a que a la limitación de la oferta de suelo residencial, especialmente tras el estallido de la burbuja de la construcción.
Pero casas vacías es sinónimo de despoblación, algo que ha tenido su primera consecuencia en una acusada caída demográfica, que en el período 2001-2011 supuso la pérdida de casi 7.400 vecinos.
Falta de servicios en el centro
La falta de servicios, especialmente en el casco histórico, -con edificios antiguos sin garaje ni ascensor, una de las principales quejas de los residentes-, el deterioro de sus construcciones por mala conservación, y también las restricciones impuestas para la rehabilitación, al ser bien de interés cultural, ha vaciado parte del parque de viviendas del centro de la ciudad.
Y en el resto, abundan los pisos a la venta o en alquiler, directamente en competencia con la de otros municipios o áreas más emergentes y con mayores posibilidades de empleo, otro de los grandes factores de la sangría ferrolana.
El Concello confía en la redacción del nuevo plan general de ordenación urbana, que aguarda licitar este mismo año, y en el plan especial de Ferrol Vello como clave urbanística para atraer vecinos a la ciudad.
8.318 pisos vacíos
En el año 2011
Es el dato oficial del último censo elaborado por el INE y dado a conocer ayer. En el anterior, del 2001, la cifra ascendía a 7.523.

Thursday, April 18, 2013

¡Qué nadie se confunda, ganó ...EL CHAVISMO

Twitter / FucoBuxan: ¡Qué nadie se confunda, ganó ...


Elecciones venezolanas

¡Qué nadie se confunda, ganó el chavismo!

ALFREDO SERRANO Caracas 17/04/2013. Público

Alfredo Serrano Mancilla

Coordinador América Latina CEPS. Doctor en Economía

Como siempre, después de una cita electoral, suele llegar el período sosegado para los análisis
e interpretaciones. Esta vez la calma no llegó con los resultados definitivos.

Nicolás Maduro ganó las elecciones; Henrique Capriles las perdió. La diferencia fue más
estrecha que otras veces (262.473 votos; 1,7%) aunque ésta no impide alcanzar una cifra
record en cualquier democracia: el chavismo consigue así ganar en 17 de las 18 elecciones en
los últimos 15 años. La novedad en esta pelea, como todos ya saben, es que Chávez no fue
el candidato aunque haya tenido un gran protagonismo durante toda la campaña. Maduro
se postulaba como representante oficial del chavismo; Capriles como nuevo gran intento de
ser el exitoso líder opositor posneoliberal en América latina que desbanque una alternativa
de izquierdas. De nuevo, lo que sucede en Venezuela es más que una disputa interna; toda la
región y buena parte del mundo continúan atentos a los hechos que se vienen produciendo en
estos días pos electoral.

La gran victoria del chavismo es que la oposición tuvo que acudir a sus símbolos y sus
propuestas

A pesar que las primeras fotografías mostraban a un Capriles radiante y a un Maduro
cabizbajo, la verdad es que es Maduro quien ganó su primera elección y Capriles el que
pierde consecutivamente su segunda (presidencial) en menos de medio año. Esto no quiere
decir ni mucho menos que el candidato perdedor se debiera sentir derrotado después del
amplio caudal de votos que se han declinado por su propuesta. Capriles lograba el domingo
un objetivo muy perseguido: construirse a sí mismo como un nuevo referente de masas que
dejara atrás la imagen del asalto a la embajada de Cuba en aquel golpe de Estado del 2002.
La derecha latinoamericana seguramente también se puso muy feliz con esos más de siete
millones de votos a favor de una suerte de adalid de la nueva corriente latinoamericana,
que sabe que no puede vencer a las revoluciones progresistas (nacional-plebeya-popular)
si no es aceptando que el nuevo campo político ya no es el del neoliberalismo. De nuevo,
Venezuela se pone a la vanguardia en lo regional. Si antes fue Chávez quien primero ganara
las elecciones de 1998 en pleno auge del capitalismo neoliberal; es ahora Capriles el primer
candidato de derechas que obtiene desde el juego democrático un grandísimo resultado
electoral sin proponer libertad de capital. Por ejemplo, Chávez puso a Bolivar en el centro de
la escena venezolana, como el gran prócer libertador; Capriles lo tomó hasta en el nombre
de su comando de campaña. Y no le puso Comando Hugo Chávez porque esto sí hubiese sido
demasiada provocación para su ala fascista.

Bromas aparte, es cierto que la gran victoria del chavismo es que la oposición tuvo que acudir
a sus símbolos y sus propuestas. Capriles consiguió de esta forma ampliar el espectro de su

electorado: le dio cabida desde a esa clase ultra enriquecida hasta un nuevo público menos
fiel que le creyó su discurso de socialdemócrata. Logró en esta elección tener de su parte a
ese otro pueblo no tan movilizado, aparentemente menos politizado e ideologizado, pero que
cuenta mucho cuando se trata de tener los votos suficientes para ganar.

Era el momento de la verdad: saber si Capriles era el demócrata que había obtenido muchos
millones de votos o se desvestía para seguir siendo el golpista que siempre fue. La tarea
de gestionar tanto apoyo no siempre es sencilla. Y a Capriles se le atragantó tanto voto, no
suficiente para gobernar. Nunca resulta fácil digerir este tipo de éxito sin medalla de oro: "Sí
llegué a la final, jugué genial, pero en el último minuto, volví a salir vencido".

Después de ser derrotado, Capriles ha obviado la voluntad del pueblo

Por ello, después de perder las elecciones, Capriles no fue ni caprichito ni burguesito tal como
lo llamó Nicolás Maduro tantas veces en la campaña. Capriles, desde la máxima seriedad y en
conciencia, desconoció la voluntad del pueblo. Todavía no sabemos si esta decisión es pura
táctica para seguir siendo protagonista mediático, o es una estrategia duradera de acuse y
derribo por la vía más anti democrática que pueda existir. A Capriles no le había ido tan mal
alejándose de aquel que participó en el golpe de Estado. Pero, esta vez, ha tirado todo por la
borda en menos de 48 horas desconociendo los resultados de una elección popular, incitando
a la violencia y a la desestabilización, y procurando buscar un clima de ingobernabilidad para
proponer su pretendido Gran Pacto de transición. Es la transición el deseo de la derecha
venezolana desde la muerte de Chávez. Y como esta vez tampoco hubo lugar para transición
alguna, ellos (con Capriles a la cabeza) decidieron forzarla por la vía anti democrática.

Capriles tenía por delante el momento ideal para haber sido proclamado el gran opositor al
chavismo

Capriles se ha equivocado con su forma de asimilar esta derrota siendo ahora el único
responsable de los 7 muertos y de los heridos. Desconoció al nuevo presidente constitucional
elegido por el pueblo. Esta jugada no fue casual porque se vino preparando desde hace
días: en un primer momento, fue cuestionar la enfermedad de Chávez, luego fue afirmar
que no habría elecciones, y cuando las hubo, y las perdieron, pues fue el momento de
inventar una nueva excusa para seguir desestabilizando. Pidieron recuento del voto a pesar
que por norma ya se ha procedido a una auditoría del 54%; el propio rector del Consejo
Nacional Electoral (CNE), Vicente Díaz, muy opositor al chavismo, afirmó que "todo fue
limpio". Es preciso además recordar que en todos los colegios electorales, al menos en una
mesa, los comprobantes de voto fueron recontados y auditados (así lo índica el artículo 439
del Reglamento general de la Ley Orgánica de Procesos Electorales). El acompañamiento
internacional también ha destacado la limpieza del mejor sistema electoral del mundo (en
palabras del ex presidente estadounidense, Carter). Ya son muchos los presidentes que han
felicitado al nuevo Presidente electo Constitucional, legal y legítimo, de Venezuela: los Brics
(con Rusia y China a la cabeza) y la Unasur (con Brasil, Argentina y Colombia). Lo curioso ha
sido España que dijo que no para decir luego que sí cuando habrá pensado el coste económico
que le supone amenazar sin credibilidad a su proveedor de petróleo. A Capriles sólo le queda
lo de siempre, pedirle a Estados Unidos que diga algo, o que resuelva la dolida OEA en tono
revanchista después de sentirse cada vez más eclipsada por la CELAC (donde está Cuba y no los

Estados Unidos).

Fue muy torpe Capriles. Tenía por delante el momento ideal para haber sido proclamado el
gran opositor al chavismo en los próximos años y ser considerado como un referente de las
derechas democráticas latinoamericanas. Lo más absurdo de esta apuesta suicida es que si
hubiese habido un momento fértil para que el chavismo hubiera hecho auto crítica sería justo
en estos días después de un resultado tan ajustado. Seguro que ahora el chavismo se pliega
más que nunca, se vuelve a unir como siempre, y cierra filas porque vuelve a sentir que el
enemigo está con ganas de golpes.

Capriles ayer reculó pero sólo a la hora de dar marcha atrás en su convocatoria violenta
en frente del CNE. Sin embargo, en ningún momento, condenó la violencia en las calles
venezolanas, ni pidió perdón por las muertes ocasionadas. Hubiera sido mucho más locuaz
que en vez de presentar un power point mostrando supuestas incidencias hablando a su
prensa internacional, hubiese ido al CNE a pedir oficialmente que se investigara todo lo que él
considerara que fuese ilegal. Capriles no cree en las instituciones, y lo volvió a demostrar.

Cuando pase todo esto, ojalá que sea pronto, se podrá volver a la serenidad para analizar
mejor qué sucedió para que hubiese una victoria tan estrecha entre el Hijo de Chávez y el Hijo
del Golpismo.

Tuesday, April 16, 2013

gaseiro cargado con GNL, nº 143 “LNG Akwa Ibom



                       Datos relativos a la travesía (ültimos recibidos)

Calado: 11.5 mDestino: MUGARDOSETA: 2013-04-18 08:00Información recibida: 2013-04-14 09:29 (2d, 4h 27min atrás)


                             LNG AKWA IBOM - Vessel's Details and Current Position 

Estando prevista a entrada na Ría do gaseiro cargado con GNL, nº 143 “LNG Akwa Ibom”, o Comité Cidadán de Enmerxencia, convoca:

                                                                                                 
                                                                                           CONCENTRACIÓN

                                                            Xoves, 18 de ABRIL 2013, ás 20hs
                                                           diante o Edificio da Xunta de Galicia
                                                                 (Praza Amada Garcia-Ferrol).

Características do gaseiro:

Ano Construción.- 2004. Bandeira.- Bermudas. Eslora.- 288 m. Manga.- 48 m. Puntal.- 62.75 m. Calado.- 12.32 m. Capacidade.- 141.000 m³ de GNL.
    PLANTA DE GAS, FORA DA RIA 
-- 
Visita a nosa web:  www.comitecidadan.org
Tamén en Twitter :  @ComitCEmerxenc

Interior vaticina dos meses más de escraches: acabarán con la ley hipotecaria

Interior vaticina dos meses más de escraches: acabarán con la ley hipotecaria - elConfidencial.com

Interior vaticina dos meses más de escraches: acabarán con la ley hipotecaria

El Ministerio del Interior cree que los escraches a dirigentes del Gobierno y del Partido Popular se prolongarán al menos hasta que concluya la tramitación en el Parlamento de la nueva ley hipotecaria. Las fuerzas de seguridad aseguran que la promulgación de la norma acabará desinflando esta modalidad de acoso organizado que ha despertado la alarma en Génova y en Moncloa por el traslado de las protestas a las puertas de los domicilios particulares de sus dirigentes.
La tramitación de la nueva ley hipotecaria arrancó el pasado mes de noviembre con la aprobación de un real decreto y se encuentra en estos momentos en la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso, pendiente del informe definitivo de la ponencia que está analizando los cambios normativos que introducirá. El texto, que se tramita como proyecto de ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, aún está abierto a enmiendas de los partidos de la oposición, aunque la gran mayoría de ellos ya se ha desmarcado de su tramitación y ha adelantado que no apoyará la norma. Tras su redacción definitiva, el proyecto de ley deberá ser aprobado por la Comisión de Economía y pasará directamente al Senado, donde deberá seguir el mismo trámite antes de su publicación en el BOE.
En total, la tramitación puede prolongarse hasta el próximo mes de junio. Y el Ministerio del Interior trabaja con la hipótesis de que los escraches se producirán al menos hasta que llegue ese momento. A partir de entonces, el fin de la modificación de la norma hará inútil ya cualquier intento de presión a los miembros del Grupo Parlamentario Popular.
Más de una quincena de escraches
Hasta ahora, más de un quincena de políticos del Partido Popular ya ha sufrido este tipo de concentraciones importadas de Sudamérica, que consisten en presionar a los dirigentes públicos en sus esferas privadas de forma organizada. Los encargados de realizar los primeros escraches en España han sido los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y de otros colectivos de su entorno, en el marco de una campaña para exigir la aprobación en el Congreso de la dación en pagode la vivienda como condición suficiente para saldar la deuda hipotecaria. El Gobierno sólo ha atendido parcialmente la postura de estos colectivos, reflejada en una iniciativa legislativa popular. 
Los escraches alcanzaron su momento de mayor tensión hace dos semanas, con el traslado de la campaña de la PAH hasta la misma puerta de la vivienda de la vicepresidenta del GobiernoSoraya Sáenz de Santamaría, en el distrito de Salamanca de la capital. El pasado viernes, los manifestantes intentaron organizar otro escrache frente a la vivienda del presidente del Congreso, Jesús Posada, pero en este caso la policía logró frenarlos.
La Fiscalía General del Estado ha ordenado que se persigan estas protestas por considerarlas coacciones inaceptables a cargos elegidos democráticamente, y algunas delegaciones del Gobierno como la de Madrid han comenzado a sancionar administrativamente a sus participantes acusándolos de causar desórdenes públicos y manifestarse sin la comunicación oficial preceptiva. El Partido Popular ha tachado los escraches de práctica “nazi” y numerosas voces del PSOE también han criticado la desproporcionalidad de la protesta.
Aumento de la conflictividad social
Pero la PAH ya ha anunciado que no abandonará los escraches. Y su campaña puede encontrar nuevos seguidores en los próximos días, gracias a un ambiente de conflictividad social que le resultará cada vez más propicio. De hecho, la Policía ya ha advertido a Moncloa de que esta primavera se producirá un repunte de las movilizaciones en la calle derivadas del malestar por la situación económica.
Sin ir más lejos, el próximo jueves 25 de abril está convocada una jornada de protesta en las inmediaciones de la Cámara Baja en la que se espera la participación de la izquierda más contestataria. La liderará la Plataforma ¡En Pie! bajo el lema Asedia el Congreso, con el objetivo de exigir “la caída del régimen” político actual y la “apertura de una transición” hacia un modelo igualitario. Los organizadores ya avanzan en su manifiesto que ejercerán la “legítima defensa” contra la acción de la policía, y están difundiendo un extenso manual de guerrilla callejera que ha incorporado los escraches como táctica de lucha.
Así, aunque las fuentes policiales consultadas consideran que el final del trámite parlamentario de la reforma de la ley hipotecaria implicará el declive de los escraches de la PAH, es muy probable que otros movimientos sociales enarbolen luego esa misma bandera para llevar a cabo nuevas protestas. Al menos por ahora, el Partido Popular seguirá siendo el blanco.

Monday, April 15, 2013

Otra empresa canadiense anuncia tres nuevos permisos en Tomiño

COMO VAMOS A CONSENTIR TANTA DESFACHATEZ, TANTA HUMILLACIÓN?
LOS MISMOS QUE HEMOS "ELEGIDO" SON LOS ADMINISTRADORES DE LOS QUE NOS SAQUEAN Y EXPOLIAN, ESTO ALCANZA CIMAS DE HIPOCRESIA Y ESCARNIO JAMAS VISTAS.
Otra empresa canadiense anuncia tres nuevos permisos en Tomiño | Galicia | EL PAÍS

Corcoesto es el primero, pero no el único. En diferentes fases de su tramitación se cuentan en las cuatro provincias al menos diez minas de oro que pueden ser reabiertas en poco tiempo. Son viejos filones pendientes de resucitar después de que la Xunta sacase a concurso derechos mineros ya caducados, en medio de una crisis económica que disparó en el mundo el precio de los metales preciosos. El oro aparece asociado a terrenos ricos en arsénico y durante el proceso de extracción se suele lavar la roca empleando gran cantidad de cianuro.
La fiebre del oro, protagonizada fundamentalmente por compañías canadienses espoleadas en la bolsa de Vancouver por fondos de inversión, ha convertido los montes gallegos en un objetivo de primer nivel. El pasado martes, la compañía Medgold Resources anunció a sus inversores la tramitación de tres permisos contiguos en Pinzás (Tomiño) como estrategia para dar su salto a España y convertirse en “líder del oro en Europa”. En su comunicado, la minera aseguraba haber “completado el proceso de solicitud y pagar todos los impuestos correspondientes”. Para desarrollar el que ha dado en bautizar como Pinzás Gold Project, la firma ha tramitado licencia de exploración en 79 kilómetros cuadrados y ha solicitado “a través de licitación pública” seis permisos más en la misma zona. En el área se halla una mina de oro romana y abundante patrimonio prehistórico. Según explica a sus inversores Dan James, presidente de Medgold, la empresa cree que “toda la región es altamente prospectiva”. Se refiere a Galicia, Asturias y el norte de Portugal, donde ya está asentada.
Pero además, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de A Fonsagrada apareció colgada en febrero, en fase de alegaciones, una solicitud de permiso de exploración de la firma Goldquest, también de origen canadiense, para rastrear oro, plata y otros metales en este municipio, Baleira, Baralla y Becerreá. Los terrenos se sitúan al límite de un importante espacio protegido, en la zona de transición con la Reserva de la Biosfera del Río Eo, Oscos y Terras de Burón.



http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/11/galicia/1365709403_858763.html

Sunday, April 14, 2013

¿Hay camino para la III República?

¿Hay camino para la III República?

Un joven ondea la bandera republicana durante una manifestación convacada en abril de 2010 en Madrid por la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo / KOTE RODRIGO (EFE)

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) no pregunta a la ciudadanía por la monarquía desde octubre de 2011. Entonces, el barómetro de aquel mes reveló que la institución había suspendido, por vez primera, con un 4,89 sobre 10. 0,46 puntos menos que el 5,85 raspado del año anterior. La puntuación hoy, aunque suene a atrevimiento, sería, con toda probabilidad, inferior. ¿Por qué? En octubre de 2011, el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, aún no había sido imputado en el caso Nóos; el rey Juan Carlos no se había fracturado la cadera mientras mataba elefantes en Botsuana; el nombre y las actividades de Corinna zu Sayn-Wittgenstein apenas eran conocidas; y, sobre todo, la infanta Cristina no había sido llamada a declarar como imputada.
Dudas sobre la caída hay pocas. Aunque no haya referencias en el CIS, diferentes sondeos apuntan a su descalabro. Por ejemplo, el sondeo que publicó el diario El País en diciembre de 2011reflejó que solo un 49% de las personas encuestadas prefería la monarquía parlamentaria como modelo de Estado, 8 puntos menos que en 2010 y 20 menos que en 2007. La misma encuesta reveló que un 37% optaba por la república, el mismo porcentaje que en 2010 y 15 puntos más que en 2007. Algo similar evidenció el diario El Mundo en un sondeo publicado en enero de este año: el 53,8% veía la monarquía como la mejor forma de Estado, seis puntos menos que en 2012, mientras un 41% opinaba lo contrario, ocho puntos más que en el primer mes del año anterior.
Esta mañana, como cada año, habrá una manifestación por las calles de Madrid para conmemorar el 82º aniversario de la proclamación de la II República. El enfoque, sin embargo, no es solo de recuerdo, sino de un impulso real por la llegada de una III República. La pregunta es: ¿es esto posible?
Carlos Martínez Núñez es coordinador federal de IU Jóvenes y ve esta posibilidad más cercana que nunca: "Es verdad que el movimiento republicano, hasta hace unos años, se movía más en la línea del recuerdo de la II República, pero en este momento de crisis total del régimen se plantea en serio la posibilidad de abrir un proceso constituyente". Estas dos últimas palabras, proceso constituyente, son el punto esencial a la hora de hablar de modelo de régimen.
En el libro "Por una asamblea constituyente", sus autores --de Marco Aparicio Wilhelmi (profesor de Derecho Constitucional en la U. de Girona); Antonio de Cabo de la Vega (catedrático de Derecho Constitucional en la U. Complutense de Estudios Jurídicos Críticos); Marcos Criado de Diego (profesor titular de Derecho Constitucional de la U. de Extremadura); Rubén Martínez Dalmau (profesor titular de Derecho Constitucional en la U. de València); Albert Noguera Fernández (profesor contratado doctor de Derecho Constitucional en la U. de Extremadura); Roberto Viciano Pastor (catedrático de Derecho Constitucional en la U. de València)-- analizan este proceso. En él plantean el proceso constituyente como "una respuesta democrática para el avance en el proceso de emancipación social". "Parece que la mayor parte de las respuestas a la crisis pasan por el desmontaje del Estado social y la construcción de un nuevo tipo de Estado mínimo".
Martínez Núñez lo explica: "Al hablar de crisis y ruptura total hablamos, por supuesto, del jefe de Estado, que es el rey, la monarquía. Por tanto, si decimos crisis del régimen, nos referimos, sobre todo, a la crisis de este modelo de Estado".
IU Jóvenes lanzó este viernes una campaña contra la monarquía centrada en el príncipe Felipe. El objetivo, apunta el coordinador federal, es el de señalar el intento de la monarquía de "rearticular una nueva transición que salve al príncipe". "Es un error pensar que esta es la crisis de una sola persona, la del rey Juan Carlos; no, es la crisis de toda una institución", afirma. Es una posición que también comparte Reyes Montiel, coportavoz federal de EQUO, formación que también apuesta por un proceso constituyente republicano: "Intentarán salvar al príncipe para que no esté demasiado cuestionado, pero se equivocan si creen que esto se trata de un problema puramente personal".
Miguel Pastrana, miembro de la junta directiva de la Unión Cívica por la República (UCR), opina lo mismo. Él y la asociación federal a la que pertenece, impulsora de la Junta Estatal Republicana, que convoca la manifestación de este domingo, apuestan ya desde hace años por un proceso constituyente republicano y creen que este, que no es otro que la III República, depende sobre todo de "los coletazos de este régimen moribundo, que tratará de salvarse como sea".
La UCR, que entiende que la llegada de la III República "es un proceso histórico inevitable que se retroalimenta paso a paso" que va ligado a "la reinstauración de la memoria de la II República", presentó hace un año y medio un manifiesto con catorce puntos en los que ya se recogía la "apertura de un proceso constituyente que permita de manera eficaz a la ciudadanía -ya sea por referendo o medio análogo- poder optar por una República federal, democrática y aperturista en sustitución de la Monarquía". "Somos como una especie de think tank por la República", asegura Pastrana, que añade que la concienciación en este aspecto "va en aumento": "Todo el mundo tiene en mente ya un proceso constituyente".
En su prólogo al libro "Conversaciones sobre la III República", de Julio Anguita y Carmen Reina, que se presenta este domingo en el Ateneo de Madrid, el diputado de Izquierda Unida Alberto Garzón comparte la idea de una III República que no siga el camino de la simple evocación: "Es absolutamente necesario no entender la III República como una simple reivindicación del importante evento histórico que fue la II República, sino que más bien debemos entenderla como un verdadero proceso constituyente que transforme radicalmente las instituciones y la relación entre representantes y representados. De la misma forma, la crítica al proceso de la transición solo tiene sentido si nos permite imaginar un futuro mejor".
Su partido, IU, abiertamente republicano, ya planteó en junio de 2012 unas jornadas sobre un "proceso constituyente para un nuevo proyecto de país". En el punto 27 de sus conclusionespropugnaban por "un nuevo concepto de país, como 'país de países' en un Estado republicano: la integración en el Nuevo Proceso Constituyente de la Plurinacionalidad del Estado -reivindicándola como un valor imprescindible del modelo a construir- es condición previa y sine qua non para el éxito de un proceso que descansa en la recuperación de la Soberanía Popular, del todo y de las distintas partes del nuevo Proyecto de país, imprescindiblemente en un marco político republicano".
En un manifiesto elaborado para la marcha de hoy, Izquierda Unida habla de nuevo de un proceso constituyente "que dé paso a un nuevo proyecto de país", comprendido imprescindible debido a: "la crisis del modelo de Estado surgido de la transición, la pérdida de representatividad de las referencias políticas, las esclerosis de las Instituciones del Estado ligadas al clientelismo bipartidista, su profunda corrupción, la oligarquización política como consecuencia de la ley electoral, la quiebra del referente europeo como espacio de igualdad y libertades, la crisis de valores, etc.", además de una monarquía que "no es hoy un factor de estabilidad [...] al aparecer como una institución salpicada por la corrupción y los escándalos".
Todas estas claves de la crisis política configuran, según el libro "Por una asamblea constituyente", una de las condiciones necesarias para que se dé un proceso constituyente: "Es fundamental la existencia constituyente; una crisis de legitimidad del poder constituido que, sin duda, se da en la actualidad. El capítulo destinado al proceso constituyente español de 1977-78 ha demostrado cómo el marco político en el que aquel tuvo lugar, quizás incluso necesario en aquel momento, es insuficiente a día de hoy. Las nuevas necesidades sociales no obtienen respuesta en las decisiones del constituyente de 1978, ni en su producto: la Constitución actualmente vigente que, además, ha sido aunque legalmente, ilegítimamente modificada por los profesionales de la política que siguen detentando, de esta manera, el poder constituyente constituido".
Esta idea aparece también en el prólogo de Garzón citado con anterioridad: "Para conseguirlo [el proceso constituyente] es necesario entender las deficiencias y limitaciones de todas esas instituciones heredadas del 78, lo que incluye no sólo al sistema electoral, el modelo de Estado, los partidos políticos y los sindicatos, sino también a la Casa Real". Aquí es, según el diputado de IU por Málaga, "donde se ancla la primera defensa clara del republicanismo como modelo político de sociedad y no como un simple cambio en la forma de determinar quién es el jefe del Estado".
EQUO, por su parte, también ha lanzado un manifiesto para este 14 de abril, "Reinicia la democracia", en el que señalan que "el clamor por una República viene acrecentado por los escándalos que rodean a la Corona". Apuntan, además, que la monarquía "forma parte de un Sistema Político anquilosado en la Transición e incapaz de dar soluciones a la presente crisis económica, social y política". Ante esto, reclaman, como defiende su coportavoz federal Reyes Montiel, un referéndum sobre el modelo de Estado.
"Hay un divorcio entre la ciudadanía y todas las instituciones que derivaron de la Constitución del 78 -comenta Montiel-, sobre todo con la monarquía, por lo que este es un buen punto de partida para que la ciudadanía opine y sea preguntada sobre si prefiere una institución absolutamente fuera de los tiempos y basada en privilegios de sangre que no tiene ninguna utilidad, o por una república". Añade: "Es el momento de tomar nuestra responsabilidad y cambiar lo que no nos gusta; el momento de redefinir el quiénes, el qué y el cómo".
Aparte de los partidos, los movimientos sociales que han cobrado más fuerza en los últimos meses trabajan ya en el camino de un nuevo proceso constituyente. Es el caso, por ejemplo, de la Coordinadora 25S, que a día de hoy ya ha organizado dos jornadas constituyentes y ayer mismo presentó, junto a asambleas del 15M, un monográfico explicativo sobre el proceso.
Si hay que hablar de plazos, del tiempo que pasará hasta que se vea iniciado un verdadero proceso constituyente, el coordinador federal de IU Jóvenes, si bien prefiere no aventurarse, asegura que todo va a un "ritmo de aceleración brutal: con el 15M, las huelgas generales... Hay una fuerte ruptura generacional y la conflictividad va en aumento". Martínez Núñez opina que la crisis, tanto la política como la económica, no terminará "en dos o tres años, y la primera irá a peor". "No sé cuándo veremos el proceso constituyente, pero si sé que mañana estaremos más cerca de conseguirlo".
"Cada generación --concluye el libro "Por una asamblea constituyente"-- tiene el derecho a cambiar sus normas de convivencia, su Constitución, y a decidir sobre su presente y su futuro. Negar este derecho en cualquier sociedad es, por definición, negar el carácter democrático de dicha sociedad".

Saturday, April 13, 2013

La única solución para la eurozona es la desintegración |

La única solución para la eurozona es la desintegración | Opiniones | RIA Novosti

La única solución para la eurozona es la desintegración

"No hace falta salvar la eurozona, hay que dejar que se desintegre", declaró en septiembre del año pasado el cofundador y director general del banco danés Saxo Bank, Lars Seier Christensen.
Parece que lo ocurrido en esta pequeña isla del Mediterráneo es otra prueba convincente de tal planteamiento.
"Los funcionarios europeos simplemente tienen miedo de encarar el problema, que es la existencia de una única moneda para muchas economías muy diferentes. Entre ellas, está Grecia, que necesita una moneda débil para una economía incapaz de competir; y está Alemania, cuya moneda debería ser más fuerte que el euro. La única solución es que haya más monedas".
Es verdad que unos de los defectos más importantes del proyecto de la Eurozona consiste en que se creó sin tomar en cuenta las particularidades de las economías europeas. Aunque también se podría replicar a Christensen que el estado actual de la economía griega viene determinado por el lugar que ocupa dentro de la zona del euro.
Es notable que antes de que se desencadenara la crisis financiera en Chipre a nadie se le ocurría clasificar a este país como problemático. Sin embargo, ahora la isla es objeto de una avalancha de críticas que declaran "insostenible" su modelo de negocio.
Ante estas acusaciones el ganador del premio Nobel de Economía del 2010, el economista chipriota Christopher Pissarides, rechaza la idea de que Chipre haya tenido una "economía casino" y recuerda que después de la invasión de Turquía en 1971, Chipre perdió la mayor parte de su base agrícola e industrial y que entonces se decidió hacer de los servicios para negocios y el turismo el principal sector exportador, para atraer negocios de Oriente Medio, de la UE y de Rusia mediante acuerdos sobre la doble tributación fiscal, las políticas de inmigración relajadas y los bajos impuestos para las empresas. Pissarides subraya que el modelo de negocio existente en Chipre es el mejor para un país que nunca ha apostado por el desarrollo industrial.
De la misma manera quedaron desatendidas las particularidades del desarrollo económico de Hungría, Eslovaquia, los Balcanes y los países bálticos a la hora de imponerles un modelo único, una política de Bruselas que dio lugar a divisiones entre países ricos y pobres, responsables e irresponsables de la UE.
Muchos hablan hoy de que el rescate europeo significa para Chipre el inicio de una dependencia de la ayuda financiera de la UE. Y realmente es así porque el plan de la Troika parte del supuesto de que el sistema bancario chipriota, el sector que representaba el 70% del PIB nacional, debe contraerse un 50% o un 60% en los próximos cinco años. Los ingresos por turismo, lo único que le queda a Chipre, no bastarán para tapar semejante agujero en el presupuesto.
Los economistas europeos, mientras, no paran de elaborar nuevas recetas que no hacen más que agravar la enfermedad. Lars Christensen compara su actitud con la de los chiquillos que se entretienen jugando y aplazan una y otra vez  la solución de los problemas. Así, para deshacerse de los peligros chipriotas Bruselas y Berlín obligan a Nicosia a apretarse el cinturón.
Lo “gracioso” de la situación está en que la “insostenibilidad” actual del modelo económico de Chipre es, en cierto sentido, obra de sus socios europeos. Pissarides subraya que la Troika no dejó pasar la oportunidad y liquidó los dos grandes bancos de Chipre, el Laiki Bank y el Bank of Cyprus, que habían invertido mucho dinero en los bonos soberanos de Grecia y necesitaban capital para seguir operando, y afirma que “es ahí donde el proceso de toma de decisiones de la Troika se vuelve desconcertante y la visión de los ‘padres fundadores’ de la moneda única se convierte en una burla”.
Es que no hay fundamento ninguno para calificar de “ineficiente” la economía de la isla, entre otras cosas porque antes de la crisis la renta per cápita en Chipre era una de las más altas de Europa meridional (15.300 dólares anuales). Los índices de movilidad estudiantil universitaria en Chipre también son de los más altos en Europa. Los jóvenes chipriotas estudian en las mejores universidades europeas y ahora muchos de ellos no quieren volver a su país, mientras que los que pierden su empleo planean abandonar su tierra.
"La burocracia europea se esfuerza en arreglar la situación pero nada cambia. Y si cambia es para peor", escribe Christensen. Y es verdad que las decisiones a nivel europeo agravan aún más la crisis que atraviesa Europa. Los economistas calculan que las medidas que prevén reducir la capacidad adquisitiva de los europeos en un euro causan pérdidas al PIB que superan esta suma. El diario británico The Guardian señala que estas medidas serían eficaces si aumentase el número de socios comerciales, si los bajos tipos de interés garantizaran el crecimiento económico, si los países de la UE dispusieran de más tiempo para recuperar su capacidad financiera, sobre todo en el ámbito social. Y si los analistas, en lugar de tomar como referencia las cifras del déficit financiero, operaran con los indicadores de los déficit estructurales del sector real de las economías europeas.
Ahora mismo en Chipre, al igual que en la mayoría de los países mediterráneos, que ya perdieron toda la confianza de las élites financieras del mundo, no existe un político más impopular que la canciller alemana Angela Merkel. "Estoy encantada de que se encontrara una solución y de que hayamos sido capaces de evitar la insolvencia de Chipre", dijo Merkel durante una visita a Baviera. Pero la insolvencia es precisamente una perspectiva a largo plazo para Nicosia. La canciller de Alemania se mostró también contenta con el reparto de la carga en Chipre. "Los bancos deben asumir su responsabilidad. Esto significa lo que nosotros siempre hemos dicho: que no queremos que los contribuyentes sean los que deban salvar los bancos, sino que los bancos se deben salvar a ellos mismos. Ese será el caso de Chipre", indicó.
¿Pero acaso no es el dinero de los contribuyentes el que se inyecta en la banca en toda Europa para salvarla? ¿No son los contribuyentes los que pierden privilegios sociales y apoyo estatal? La Oficina Europea de Estadística (Eurostat) informó hace poco que el desempleo en la zona euro alcanzó el 12% en febrero, el máximo nivel desde la puesta en circulación de la moneda única en 1999. Al mismo tiempo la tasa de desempleo en Estados Unidos descendió en febrero al 7,7 %, su nivel más bajo desde diciembre de 2008.
Mark Cliffe, economista jefe del Grupo ING, cree que Europa "está atrapada en un círculo vicioso y está llevando a cabo una política que evidentemente está condenada al fracaso". Muchos expertos hablan hoy de que la zona euro debe limitarse a los países más desarrollados de la UE: Bélgica, Francia, Países Bajos, Luxemburgo, Alemania y Austria.
Esta opinión refleja la realidad. Porque si alguien pensaba que se puede nivelar la diversidad y la originalidad de los países de Europa imponiendo una moneda universal, ahora se está dando cuenta de que no es así. Sólo los estados de economías semejantes formarían una eurozona homogénea. En caso contrario el euro está condenado a convertiste en una moneda débil respaldada sólo por el potencial económico de Alemania y sus ambiciones políticas.
En cuanto a Rusia, debería pensar en su estrategia para el futuro porque la crisis en Europa afectará a su economía. Lo ocurrido en Chipre también es una "tarjeta amarilla" para el capital privado ruso. Por más sumergido que estuviese este dinero 'evacuado' a un paraíso fiscal, al fin y al cabo fue "robado a los rusos". Por lo tanto pertenece a los rusos y no debería ser empleado para mejorar el "historial crediticio" de la Unión Europea.
En este sentido, una solución podría ser la creación en Rusia de un banco autorizado que reciba los capitales huidos bajo la condición de una amnistía fiscal. Esta medida sería acorde a los intereses tanto de los empresarios rusos como del Gobierno ya que en el caso contrario ambas parte sólo pueden perder. Los expertos rusos están convencidos de que la crisis en Chipre debe ser analizada detenidamente con el objetivo de tomar medidas urgentes para poner fin al voluntarismo de Bruselas y Berlín.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE RIA NOVOSTI

La Xunta alega que el arsénico de la mina de Corcoesto es natural |

La Xunta alega que el arsénico de la mina de Corcoesto es natural | Galicia | EL PAÍS


La Xunta ha asegurado a la Defensora del Pueblo, que abrió una investigación de oficio sobre el proyecto de una mina de oro en Corcoesto, en la comarca coruñesa de Bergantiños, que la presencia de arsénico en la zona tiene “un origen natural” y derivado de la propia composición de los suelos. Además, indica que la declaración de impacto ambiental formulada por la Xunta para esta mina ya tuvo en cuenta esta circunstancia, así como las alegaciones recibidas relacionadas con el elevado nivel de arsénico en los residuos generados y sobre el riesgo de filtraciones.
 El Gobierno gallego, en una carta remitida a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, rebate un artículo científico citado por esta para abrir la investigación y elaborado por expertos de la Univeridad de Vigo y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Según la Xunta, ese estuido “no pone de manifiesto ningún impacto no considerado previamente durante la evaluación ambiental”, por lo que rechaza “imponer en esta fase condiciones adicionales a las ya establecidas”.
Esta comunicación fue enviada el pasado 28 de febrero por el secretario general de Calidade e Avaliación Ambiental de la Xunta, Justo de Benito, en respuesta a un escrito anterior de Becerril. La Defensora aludía a que el informe de la Universidad de Vigo y el CSIC alertaba que, un siglo después de que se agotasen las vetas de oro, la explotación seguiría “vertiendo y contaminando con arsénico el cauce del río protegido Anllóns”. La Xunta alega que ya se prevén medidas para evitar vertidos que superen los límites legales

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El juez procesa a Baltar por enchufar en la Diputación “a quien le vino en gana”

El juez procesa a Baltar por enchufar en la Diputación “a quien le vino en gana” | Galicia | EL PAÍS




La fábrica de votos a cambio de empleos del PP gallego se tambalea. José Luis Baltar, el patrón que durante dos décadas encabezó orgulloso la política caciquil de los conservadores en Ourense, será juzgado por enchufar a 104 personas en la Diputación Provincial que presidía, entre enero y marzo de 2010. Enchufes que sirvieron para apuntalar la sucesión de poder de Baltar su hijo José Manuel como líder del PP de Ourense en un congreso provincial celebrado en 2010. El Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense ha ordenado el procesamiento del que fuera uno de los más poderosos barones del PP gallego, imputándole formalmente un delito de prevaricación. El magistrado Leonardo Álvarez emitió ayer un auto en el que considera a Baltar el cerebro único de los enchufes: apunta contra él pero rechaza imputar delito alguno al jefe de personal, al secretario general y al exinterventor de la Diputación.

El juez asegura que Baltar “se limitó a contratar a aquellas personas que le vinieron en gana, atentando contra la función pública” y “prescindiendo de las formalidades establecidas” para estos procesos. Además, lo hizo para facilitar que su hijo alcanzase la presidencia del partido en Ourense. El auto judicial vincula los contratos a dedo con el encarnizado congreso en el que los baltaristas se enfrentaron al candidato oficial del PP impulsado por Alberto Núñez Feijóo y Mariano Rajoy. Según el magistrado, hay indicios suficientes para procesar al cacique porque “la mayor parte de las personas beneficiarias” de los enchufes eran “afines, de uno u otro modo, al PP”, y porque lo hizo “en vísperas del congreso que tenía por objeto nombrar presidente, resultando curiosamente elegido su propio hijo”.

Baltar se saltó el proceso legal para contratar a su antojo. En concreto omitió la “fiscalización previa de los contratos por el servicio de intervención así como la correspondiente publicación” de los puestos de trabajo para que cualquier ciudadano tuviese acceso a los empleos públicos. De hecho, al magistrado le llama “poderosamente la atención” que la mayoría de las personas contratadas en esos tres meses tengan una vinculación directa o indirecta con el PP, “lo cual es lógico puesto que eran las únicas que tenían conocimiento de la existencia de estas ofertas”.
Los enchufados eran elegidos a dedo. Baltar lo sabía y, según el auto, formalizó los contratos a través de ocho decretos firmados de su puño y letra sabiendo, “indudablemente”, que era ilegal. El documento asegura que las explicaciones del cacique durante su declaración fueron “poco creíbles” porque “actuó a sabiendas de la injusticia de las resoluciones”, ya que “tenía perfecto conocimiento de que en las contrataciones se prescindía por completo de los trámites procedimentales”.
Durante la investigación judicial, Baltar explicó que actuó basándose en informes que acreditaban la necesidad de personal en la Diputación. Sin embargo, el juez asevera que esos informes “no existen”. Resalta que el expresidente de la Diputación afirmó haberlos visto, pero el magistrado recuerda que los ayuntamientos que, según Baltar, habían reclamado personal lo han negado cuando fueron reclamados durante la fase de instrucción. También destaca que los enchufes suponen “una quiebra de la confianza que los ciudadanos deben tener en la credibilidad de las instituciones públicas”. En los últimos años, Baltar ha dado empleo en la Diputación de Ourense a más de 400 cargos del PP, o familiares directos suyos, según ha documentado EL PAÍS en numerosas informaciones.

La “curiosa” victoria del hijo
Al PP de Ourense se le desmonta la maraña orgánica que permitió urdir la sucesión dinástica de Baltar I a Baltar II. Un relevo facilitado porque, según el juez, los enchufados eran afines al baltarismo “de uno u otro modo” para que en el congreso del partido al final, y “curiosamente”, fuese elegido el hijo. Hace tres años, el partido vivía en Galicia una convulsa campaña orgánica que enfrentó al aparato oficial con el baltarismo, en un congreso al que la dirección nacional del PP envió observadores como si Ourense fuese Kosovo en pleno conflicto bélico. José Manuel Jiménez Morán, alcalde de Verín, fue designado candidato a la presidencia por la dirección gallega y se enfrentó a Baltar hijo, por aquel entonces cómodamente instalado en el Parlamento gallego. Desde entonces, el cacique jubilado lo considera el máximo “traidor”.
El vapuleo al candidato de Rajoy y Feijóo en 2010 fue abrasador. Baltar hijo consiguió el 63% de los votos y sucedió a su padre. Feijóo, oriundo de un pueblo orensano, fue recibido entre abucheos en el recinto congresual. Los baltaristas más férreos lo nombraron persona non grata en su feudo. Dos años después, Baltar padre también abandonó la presidencia de la Diputación y completó así el plan que permitió al clan familiar heredar el organismo público. La dirección del partido no intentó frenar el traspaso familiar, ya que ahora las aguas bajan más calmadas. El pasado mes de marzo, el PP consagró a Baltar hijo con el beneplácito de Feijóo, en un nuevo congreso en el que fue candidato único obteniendo el 94% de los votos.

El PP rebaja la zona de protección de la costa de 100 a 20 metros

El PP rebaja la zona de protección de la costa de 100 a 20 metros | Sociedad | EL PAÍS

Vista aérea de las poblaciones de Nules, Moncofar y Xilxes (esta última, incluida por los populares entre los núcleos que quieren salvar con la nueva Ley de Costas) / CARLES FRANCESC

El PP ha abierto un poco más el coladero de los pecados urbanísticos del litoral y avanza en la privatización de la costa española. Una enmienda a la nueva Ley de Costas reduce en la práctica la zona de litoral protegido de 100 a 20 metros, por lo que las viviendas que se sitúan en esos 80 metros de diferencia pasarán de estar sometidas a controles muy estrictos para hacer obras o cambios en su estructura, a tener todos los parabienes para hacer obras cumpliendo la normativa de ayuntamientos y comunidades autónomas.
Para entrar en este nuevo saco de regularización, las viviendas deben cumplir uno de estos requisitos: tener acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica. O bien, estar “en áreas consolidadas por la edificación, al menos en un tercio de su superficie”.
En el Ministerio de Medio Ambiente explican que este cambio responde a las reclamaciones de Canarias y Galicia, y pretende resolver la situación de los núcleos de población preexistentes a la Ley de Costas de 1988, que no tenían entonces la calificación de suelo urbano, pero cumplían con alguno de los requisitos que se establecen en la enmienda. En estos casos, la servidumbre de protección pasará de 100 metros a 20 metros. “Esto quiere decir que en los 80 metros de diferencia, desde la perspectiva de la Ley de Costas, no habrá prohibición para edificar”, explican fuentes de Medio Ambiente, aunque aseguran que no se podrá hacer obra nueva, ni aumentar la edificabilidad.
Los ayuntamientos beneficiarios deberán solicitarlo en el plazo de tres meses desde la aprobación de la norma y el trámite terminará en dos años. Si Medio Ambiente no ha respondido a los 18 meses, se entenderá que su informe es favorable.
“Es un coladero, legaliza todos los incumplimientos”, consideraFernando Palao, exsecretario de Estado con el PSOE y redactor de la Ley de Costas vigente desde 1988. Palao cree que solo quedarán fuera de esta criba las zonas en las que haya alguna casa solitaria. “El problema es cómo se va a aplicar todo eso”, se cuestiona.
La servidumbre de protección de 20 metros era una circunstancia excepcional hasta ahora. Para el abogado José Ortega, presidente de la Plataforma de Afectados por la Ley de Costas el mayor problema para desproteger estas zonas se generará cuando llegue a la hora de calcular la superficie consolidada de esas áreas. “No se delimita sobre qué superficie se va a calcular”, subraya.
La propuesta del PP forma parte de las 184 enmiendas a la reforma, bautizada Proyecto de Ley de Protección y uso sostenible del litoral, que se debatirán este mes en el Senado. En el barrio Ojos de Garza, en Telde (Gran Canaria), confían en que el cambio al menos les permita ganar tiempo. En este núcleo tienen 21 órdenes de demolición y hay otras 30 viviendas que también podrían recibirla por invadir suelo de dominio público. “La enmienda no se refiere a núcleos con riesgo de demolición. Se trata de núcleos que existen legalmente desde antes de 1988, se encuentran fuera de dominio público y tienen dueños”, precisan en Medio Ambiente.
María Rosa de Haro, senadora del PP por La Palma, aseguró el viernes durante un debate en el Parlamento canario, que esta enmienda, la 182, flexibiliza la servidumbre pública para aquellas zonas que demuestran que cuentan con servicios urbanos. Durante la mesa redonda aportaron las cifras de este problema en las islas: 1.872 casas en dominio público distribuidas en 72 núcleos.
La nueva ley, polémica porque salva de la destrucción unas 10.000 viviendas repartidas en diez núcleos, también incorporará previsiblemente dos nuevos barrios amnistiados: Moaña (Pontevedra), con unos 200 afectados, y Xilxes (Castellón). Ese municipio, con 96 viviendas pendientes de consolidar, se había contemplado en el borrador, pero terminó cayendo de la lista.
Entre las modificaciones, el PP también ha incluido una serie de medidas que contemplan los efectos del cambio climático. Entre ellas está la posibilidad de extinguir el derecho de ocupación de propiedades en riesgo de ser alcanzadas por el mar mediante la declaración de situación de “regresión grave”. Esta condición la determinaría una Orden Ministerial y se publicará en el Boletín Oficial del Estado. También se fija la obligación de los adjudicatarios de cumplir con los requerimientos para adaptarse a la subida del nivel del mar, los cambios en la dirección del oleaje u otros aspectos del cambio climático y que los propietarios de terrenos “amenazados por la invasión del mar o las arenas de las playas”, puedan construir obras de defensa.

La playa se reabre a fiestas y otros eventos

JUANA VIÚDEZ
Entre los planes del partido del Gobierno para el litoral español se encuentra la posibilidad de celebrar eventos en las playas amparándose en su “interés turístico”. Una de las enmiendas de los populares a la reforma de la Ley de Costas vigente, que data de 1988, prevé que se autoricen estas celebraciones en los tramos urbanos. La modificación no especifica qué tipo de actos tendrán cabida en las playas, algo que previsiblemente desarrollará un reglamento. Sí incide en que se deberá garantizar la “inmediata y completa restauración del tramo ocupado, una vez finalizada la ocupación”.
La celebración de las tradicionales barbacoas en las playas de Cádiz con motivo del Trofeo Carranza ha sido fuente de conflicto entre el ayuntamiento de esa ciudad y la demarcación de Costas. Las analíticas de las arenas hechas en 2006, por ejemplo, convencieron al responsable de que esta fiesta masiva no volviera a celebrarse al año siguiente en las mismas condiciones.
“Las ocupaciones de la playa que se permitan (servicios como restauración, actividades náuticas, etcétera) deberán siempre respetar el uso común de las playas por cualquier ciudadano”, explica una portavoz del ministerio de Medio Ambiente. Esta misma fuente mantiene que, “en ninguna playa de la costa española, que forma parte del dominio público, es posible el uso privado”, tal y como se concibe en la costa italiana. “No hay ninguna privatización de playas o tramos de playas”, aseguran. Entre las actividades citadas por el ministerio se incluyen los chiringuitos, restaurantes, ocupaciones para actividades náuticas...

Plebiscito Virtual - Los ciudadanos votan en la red

Público.es - Plebiscito Virtual - Los ciudadanos votan en la red


Público.es - Plebiscito Virtual - Los ciudadanos votan en la red


Público ha puesto en marcha el primer plebiscito virtual sobre 'Monarquía vs República' en las redes sociales, para que los ciudadanos puedan manifestar su opinión en torno al rey y los demás miembros de la Casa Real, así como valorar entre monarquía y república cuál es más democrática, más justa y menos corrupta.
La votación virtual se está realizando mediante eluso de cuatro hashtags que hemos planteado a los internautas: #republicaya, #soymonarquico, #reyabdica #vivaelrey.
Cualquier mensaje introducido en Twitter con uno de esos hashtags es computado por un sistema externo e independiente, que extrapola los datos con métodos estadísticos, para representarlos en la web, ordenado en un mapa provincial, por sexos y en gráficos de ‘a favor o en contra'. Se trata de una tecnología similar a la utilizada para la medición de audiencias en Internet.
Además, cualquier internauta que no disponga de Twitter o no quiera utilizar su perfil para ello, puede votar en nuestra página web de forma directa.

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